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Advertencias de Contraloría en control fiscal previo son inconstitucionales.

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Por: Alejandro

La Corte Constitucional mediante sentencia C-103 de 2015, declaró la inexequibilidad del numeral 7 del artículo 5 de la Ley 267 de 2000 que preveía como función de la Contraloría General de la Nación: advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados.

 

Opinión:

Por Álvaro París Barón.

Para la Corte la función de advertencia o hallazgos que dicha norma atribuye a la Contraloría General de la República, si bien apunta al logro de objetivos constitucionalmente legítimos, relacionados con la eficacia y eficiencia de la vigilancia fiscal encomendada a esta entidad, desconoce el marco de actuación trazado en el artículo 267 de la Constitución, el cual encuentra dos límites claros en (i) el carácter posterior y no previo que debe tener la labor fiscalizadora de la Contraloría y, de otro lado, (ii) en la prohibición de que sus actuaciones supongan una suerte de coadministración o injerencia indebida en el ejercicio de las funciones de las entidades sometidas a control.

La Sala concluyó que la norma acusada instaura un mecanismo de control fiscal previo, en tanto no sólo faculta a la Contraloría para vigilar, esto es, para observar atentamente la gestión fiscal, sino que además le otorga competencia para intervenir a través de la formulación de advertencias destinadas a corregir el rumbo de una acción.

Es esta posibilidad de intervención la que permite catalogar tal facultad como un ejercicio no de mera vigilancia sino de control y, por tanto, entender que, la función de advertencia desconoce el límite en virtud del cual el control fiscal externo que se atribuye a la Contraloría sólo puede operar con posterioridad.

Pero además la función de advertencia atribuye a la Contraloría desconoce la prohibición establecida en el inciso 4º del artículo 267 de la Constitución, por cuanto otorga una competencia al máximo ente de control fiscal para incidir, por vía negativa, en la toma de decisiones administrativas.

Es cierto que las advertencias formuladas en ejercicio de esta función formalmente carecen de efectos vinculantes para sus destinatarios, han de estar desprovistas de tono imperativo y abstenerse de indicar, en positivo, las acciones que debería emprender el gestor fiscal para corregir el riesgo detectado. Sin embargo, a juicio de la Corte ello no les resta la capacidad de incidir en las decisiones y en el curso de los procesos y operaciones de las autoridades administrativas sometidas a vigilancia, pues la inminencia del control posterior que se cierne sobre los hechos respecto de los cuales se ha formulado una previa advertencia, sumada a la competencia de la entidad para investigar y, eventualmente, sancionar al destinatario de la misma, tiene capacidad para suspender la actuación de la administración.

Considero que las entidades públicas se libraron de un control previo que reiteradamente constituía una coadministración impositiva de sus lineamientos jurídicos y fiscales, y que no en contados casos exponían presuntas presiones hacia los funcionarios públicos con finalidades que extralimitaban del marco legal.

El propia Constitución dispuso de otros mecanismos que permiten alcanzar las finalidades constitucionales perseguidas con el control de advertencia previsto en la norma inexequible. Se trata de los dispositivos de control fiscal interno que, según lo previsto en los artículos 209 y 269 superiores, están obligadas a implementar las entidades públicas.

El ejercicio del control interno, concluyó la Corte, que dentro de sus objetivos, criterios de actuación y facultades específicas conferidas a las entidades encargadas de llevarlo a efecto, queda comprendida la facultad de intervenir de manera previa en las actuaciones de la administración. A través de este mecanismo alternativo no se compromete la adecuada coordinación entre el ejercicio del control fiscal previo, a través de la figura del control interno, y el control posterior externo, dado que el primero constituye uno de los insumos para el ejercicio de este último.

Tal mecanismo garantiza un adecuado complemento en los controles preventivos y la formulación de advertencias que la propia Administración, a través de las facultades atribuidas, puede implementar y reforzar respecto de aquellas actividades sometidas a inspección, vigilancia y control.

 

 

ÁLVARO PARÍS BARÓN

Abogado especialista en derecho laboral administrativo.

alvaroparis74@yahoo.com

@ParisAlvaro (twitter)

http://www.alvaroparis.blogspot.com/

 

Fusagasugá.

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