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Alejandro Ordóñez; ¿perseguido político?

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Por: Alejandro

Para el 22 de agosto de 2016 el presidente Santos hizo una solicitud pública al Consejo de Estado, cuando le pidió “resolver el caso del procurador” lo que se entiende que se hiciese con rapidez y, muy a pesar de que algunos adujeron que lo hizo como un ciudadano más del común, interesado en que se definiese pronto la situación jurídica del encartado, lo cierto es que bien difícil resulta que su investidura como mandatario de los colombianos, se deshaga así de rápido, de ligero.

 

Opinión.

Por: Armando Ramírez Olarte

Entonces se desató un nuevo cotarro político por cuenta de algunas posturas que no dudaron en señalar esta solicitud, como la manifestación indubitable, clara y expresa de que en Colombia no existe en este mandato separación de poderes y que la Rama Judicial es básicamente de bolsillo presidencial como lo está el legislativo, este último del que señalan, se arrodilló a la mermelada que diariamente les entrega el ejecutivo nacional a algunos de sus integrantes.

Esa manifestación del presidente, que no es otra cosa que ausencia de sensatez, aunada a otros dichos necios como lo fue el caso de que él pregunta lo que “le da la gana”, aludiendo al interrogante del plebiscito, lo ponen hoy en la lupa de un amplio sector de la opinión pública como causante de la salida de Ordóñez de la Procuraduría y, por más de que trate de soltarse de esas amarras y de que no hubiese existido de su parte injerencia alguna en la decisión, todo está en su contra.

El ex procurador Ordóñez tiene muchos fieles seguidores y por causa de sus manifestaciones diarias entorno de situaciones políticas del país, son muchos los colombianos que se identifican con sus posturas; lo segundo, es que seguido de la necedad presidencial en algunas de sus posturas,  sobreviene un aspecto innegable y que consiste en que Ordóñez, desde la Procuraduría, fue una piedra en el zapato para Santos, para su gabinete y toda su diatriba relacionada con el proceso de La Habana; que incluye diferentes disciplinarios que abrió a varios ministros, a altos funcionarios y a oficiales del Ejército.

Todo ello acontece precisamente, cuando la Sala Plena del Consejo de Estado ha declarado la nulidad de la elección del Procurador, justo cuando la temperatura entorno de la discusión del plebiscito y los acuerdos con las farc, estaban en su punto más álgido, a solo tres semanas de la votación y, como era de esperarse, ni corto ni perezoso, Alejandro Ordóñez, hábil, y conocedor de lo político, aprovecha esta situación para declararse un perseguido de Santos y de los acuerdos de La Habana.

“La mujer del César no sólo que debe serlo, sino parecerlo”, refiere la cita romana y no obstante, por cuenta de la calentura presidencial y el hecho de no saber manejar su discurso, hoy el asunto de la nulidad de la elección del procurador, ajustada a la prohibición del artículo 126 constitucional, le parece a muchos colombianos como que el exdirector del ministerio público es un perseguido político por cuenta de sus posiciones en contra del presidente, de los acuerdos con las farc y aspectos de la convocatoria del 2 de octubre, entre otros.

Abierta la posibilidad fuera del despacho público, Alejandro Ordóñez inicia su campaña presidencial a 2018 y en estos 20 días restantes a la fecha de la votación del plebiscito afilará toda su artillería contra el mismo; ¿qué pasará?.

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