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Atropello a los consumidores

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Por: Editor

Coletazos de la Triple A. Estafa a los usuarios con medidores de agua a precios escandalosos. Los colombianos se han acostumbrado a creer ciegamente en las noticias y en la publicidad de las empresas que ven y leen en los medios de comunicación; propaganda pagada por las mismas empresas.

 

José Darío Forero

jdforero@yahoo.com

RED-GES

Sobre este asunto los medios no tienen ninguna conducta ética. Publican lo que compra el dinero sin confirmar si es verdad o no. Ejemplos hay miles en la ciudad y en el país. Por algo somos una nación subdesarrollada, tercermundista, dominada y controlada por unas familias desde hace 208 años, que poseen el 90% de la riqueza.

El caso más aberrante, y el de moda (en Barranquilla), es el de la Triple A, la empresa que manejaba la concesión de agua, alcantarillado y aseo en la Costa Caribe.

A pesar de la publicidad que aparece en los medios locales de prensa y radio, su realidad es muy diferente. Un servicio costoso, deficiente e incompleto. No cumplen con el contrato de concesión y mucho menos con las normas mínimas que establece la ley 142 de 1994. Un índice de ello es que el 60% del agua potable que produce se pierde en fugas.

El ciudadano del común presume fácilmente que la inversión que hacen los españoles en coimas a alcaldes, concejales y funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos, debe ser muy importante.

Un botón de muestra…

Emcali, la empresa de acueducto de Cali, cambió el año pasado 130.000 medidores de agua con un costo que oscilaba entre los $140.000 y $165.000, cada unidad. Los medidores de las residencias y los establecimientos de comercio son similares: de media pulgada. Si fueran de una pulgada sería el doble de costoso.

En Barranquilla el costo de los medidores está estratificado según el “marrano”, porque el medidor es igual para medir el consumo en cualquier estrato económico.

El costo de un medidor para un establecimiento de comercio en la ciudad es de $1’055.811 (7,5 veces más que en Cali), que corresponde a $978.515, costo del medidor, y $77.296 por mano de obra de instalación.

Ante este claro abuso solicité, por medio de un derecho de petición, la copia de la factura de compra del medidor. A los 15 días contestaron que el aparato es marca SAPPEL de 1/2″ serial número C17SC008608, pero no entregaron copia de la factura de compra.

Nota del editor

¿Cuánto vale un medidor de agua?, se puede preguntar por internet a mercadolibre.com, y despliega una información en la que se destaca la foto de un medidor, muy parecido al que se ve en las cajas del acueducto, y dice:

“Medidor contador de agua sappel, de 1/2, con racores, $97.000 (envío gratis a nivel nacional)”.

Un escándalo parecido al que se denuncia hoy en Barranquilla, se dio en el 2010 en Bogotá cuando, sin previo aviso, se inició el cambio de medidores de agua en El Tunal, al sur de la capital. En ese entonces, un funcionario del acueducto informó a El Tiempo que “un contador residencial puede costar, mínimo, 154.770 pesos: 129.260 pesos vale el aparato y 25.510 la instalación. El cambio de medidores, sin embargo, tiene sus reglas y ese proceso se debe avisar a los afectados, por escrito, con anticipación”.

Sigue el relato…

Interpuse recurso de reposición y subsidiariamente de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos. A los 15 días contestó la abogada LILIANA GOENAGA RODRIGUEZ confirmando que, «no me iban a dar copia de la factura porque la Triple A de Barranquilla S.A. E.S.P., conforme a lo establecido en el artículo 14.7 de la ley 142 de 1994, la petición presentada no es procedente atenderla en los términos del derecho de petición establecido en la Constitución Nacional, ya que la misma no guarda relación contractual alguna entre el usuario y la empresa».

La respuesta más cantinflesca que puede dar una profesional del derecho.

Nota del editor

El artículo que se cita en la respuesta al internauta Forero, correspondiente a la ley 142, dice textualmente:

14.7. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PRIVADA. Es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares.

Si el internauta está citando correctamente la respuesta de la abogada Goenaga, el texto oficial del artículo 14.7 de la ley 142, sobre servicios públicos domiciliarios, no tiene nada que ver con el reclamo que se hace y comenta en la presente nota.

Sigue el relato…

No pueden entregar una copia de la factura de compra de un medidor para que un usuario revise si le están cobrando lo justo, pero si pueden entregar dineros a alcaldes, concejales y funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos para evadir el cumplimiento del contrato de concesión y para las campañas de elección popular.

Así manejaban todo en esa empresa. Una dictadura sin control por unas limosnas entregadas a los que la deben controlar.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha tomado el control de la empresa Triple A. La SAE es la misma Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) que «administraba» los activos confiscados por la Fiscalía General con los nefastos y escandalosos resultados conocidos por toda la ciudadanía.

Nota del editor

A propósito de la DNE, la fiscal que adelanta la investigación contra el exdirector de ese organismo, Carlos Albornoz, reveló hace unos días que parte del expediente se perdió en la Fiscalía. ¿Qué tal esa?

Concluye Forero

Los dirigentes cachacos y andinos creen que cambiando el nombre a una entidad van a corregir los problemas de corrupción, clientelismo y mala administración.

Lo más corrupto de Colombia es el constituyente primario que vende el voto y vota por el que le compró el voto.

País peligroso y corrupto

Un epílogo pertinente

En el debate sobre reforma política que cursa en el Senado, el excandidato presidencial, Gustavo Petro, dijo que la corrupción degrada la política colombiana través de la compra y venta de votos y la fuente de recursos solo se encuentra de dos maneras:1. El narcotráfico. 2. El robo de los dineros públicos.

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