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“Colombia no puede claudicar en su lucha contra el Narcotráfico”

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Por: Alejandro

La reciente decisión del Ministerio de Salud en representación del Gobierno Nacional de recomendar al Consejo Nacional de Estupefacientes, que se suspenda inmediatamente el uso del herbicida Glifosato en las operaciones de aspersión aérea contra cultivos ilícitos, pone una alerta que se debe tener en cuenta, pues la reciente categorización de este químico por la Organización Mundial de la Salud por su impacto cancerígeno, no se puede pasar por alto.

 

 Opinión:

Por Olga Lucía Ramírez.

Cuidar la salubridad pública y la vida de los habitantes de zonas rurales constituye una obligación legal del Estado y un deber ético de la sociedad colombiana. Sin embargo, también es una obligación legal y moral combatir el narcotráfico pues es un fenómeno que ha cobrado la vida de miles de colombianos, ha deteriorado el tejido social de Colombia, ha arrasado con los derechos de los campesinos, ha fomentado el crecimiento de los grupos armados ilegales y ha generado una catástrofe humanitaria por el desplazamiento forzado de millones de campesinos.

Evidentemente, la aspersión demostró ser durante varios años una de las más eficientes herramientas para combatir los cultivos ilícitos y a ello obedece la reducción del área sembrada .

En Colombia, según el informe de monitoreo de cultivos de coca 2013 de la Oficina de la ONU contra la droga y el delito publicado en junio de 2014; en 2013 se produjeron 208.200 toneladas de hoja de coca, en 51.000 hectáreas de tierra, las cuales se transformaron en 358 toneladas de base de cocaína, con un precio aproximado en Colombia de $2.616.344 por kilogramo.

Dicho estudio revela, que el 63% de los productores no procesan la hoja de coca, lo que permite la concentración de la producción de base de cocaína en manos limitados grupos, entre estos, las Farc y algunas BACRIM quienes dominan el mercado.

Respecto de las utilidades generadas por el narcotráfico, según el informe del ODC de Colombia (2013), los delincuentes recibieron en 2012 cerca de 275 millones de dólares, sólo por la comercialización de cocaína y marihuana, pero además, cita el informe un estudio realizado por Caballero y Amaya, en el cual se identifica que en el 2011 el lavado de activos se consolidó en 9.890 millones de dólares y que la tasa de interceptación de estos dineros ilegales solo fue el 0,2%.

Estas cifras reafirman la necesidad de mantener la guardia en alto en la lucha contra el narcotráfico y el cultivo de drogas ilícitas, sin perjuicio de tomar correctivos inmediatos frente a los riesgos que la fumigación pueda traer a la vida y la salud de los colombianos, si hay demostración científica del impacto negativo del glifosato.

Será entonces responsabilidad del Gobierno, de los Ministerios de Defensa, de Salud y del Interior encontrar una alternativa efectiva que reemplace el glifosato, garantice la salubridad pública y permita continuar en la línea de eliminar los cultivos de drogas en Colombia y evitar que continúe la tendencia de consumo en la población joven de Colombia.

 

No puede el Estado Colombiano claudicar en su lucha contra el narcotráfico, ni ahora, ni como consecuencia de un eventual acuerdo con las Farc máxime cuando lo que espera la sociedad colombiana es el reconocimiento de su participación en el narcotráfico y sus compromisos de contribuir con esos recursos a la reparación de las víctimas.  

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