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Corrupción en H San Rafael de Fusagasugá sería mayor a lo inicialmente previsto.

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Por: Alejandro

Los casos conocidos y enterados a las entidades de vigilancia (procuraduría, fiscalía)  fueron ratificados al contralor de Cundinamarca, Ricardo López, en reciente sesión desarrollada a puerta cerrada -viernes 2 de septiembre- en el despacho del alcalde local Luis Cifuentes.  Las nuevas dudas sobre posibles compras y contratación irregulares fueron establecidas por este portal de noticias en trabajo que permitió conocer detalles de lo anterior.

 

Unidad Investigativa DaD.

Algunas de las glosas ya habían sido reportadas e  insinuadas a los entes de control   en informes de hace varios meses publicadas en la página del Hospital San Rafael por la Oficina de Control interno en cumplimiento de normas previstas en la Ley Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Una de ellas tiene que ver con la contratación de  prestación de servicio más conocida como OPS cuyo propósito es  suministrar personal tanto médico, jefes de enfermeria, auxiliares como paramédicos, todos ellos  necesarios en urgencias; hasta el enero del 2.015 dicho compromiso suscrito con Coomedsalud  CTA tenía un costo aproximado a los $150 millones.

Ese mismo año  – febrero del año pasado- y sin mayores justificaciones o explicaciones el gerente de entonces, Mauricio Álvarez Torres, suscribió otra negociación por $264 millones con Coodesmed CTA, es decir que el mismo servicio se vio incrementado en, más o menos, $110 millones asunto que, desde luego, despertó suspicacia.

Pese a esos antecedentes a comienzos de este año la actual gerente encargada, Gladys Marcela Ulloa Valencia, firmó otro contrato para proveer el mismo servicio con la Fundación Sinergia Sociedad pero incrementándolo en aproximadamente $90 millones; quiere decir que tiene un valor de $350 millones.

Igualmente significa que el mismo servicio en poco más de un año fue incrementado en $200 millones de pesos, asunto que necesariamente obliga a formular preguntas sobre todo si se tiene en cuenta que el servicio en urgencia no mejora y que, por el contrario, ha empeorado.

Otro asunto que agrava la negociación con esta última entidad consiste en que su representante legal, por norma interna de Sinergia, no puede suscribir contratos por más de 300 salarios mínimos –algo así como $206 millones-, salvo la presentación de una autorización asunto que no se cumple.

Además esta misma Fundación registra un patrimonio de solo $5 millones lo cual desata inquietud desde el punto de vista comercial teniendo en cuenta que con esa suma no puede respaldar o responder por un contrato de $350 millones de pesos como el firmado con la Hospital san Rafael.

Entonces la pregunta es si la gerencia o sus asesores tanto jurídicos como financieros y administrativos advirtieron las falencias y las desconocieron o si se firmó el contrato con pleno conocimiento de causa. Ese es punto que debe resolver la Contraloría. Para entendidos y teniendo en cuenta lo anterior esa negociación no tiene piso jurídico; en otras palabras es ilegal.

Víveres

Otro de los casos también con origen en la administración de Mauricio Álvarez Torres tiene que ver con la compra de víveres, perecederos y carnes  para proveer la alimentación de los pacientes. Por algunos meses -aún no se saben cuántos- y teniendo en cuenta el número de usuarios con capacidad de atención  los encargados de esas adquisiciones o bajo órdenes de alguien aún no determinado, el Hospital comenzó a realizar 16 mercados por mes cuando antes eran 4 es decir uno por semana; mejor dicho 12 más.

Además el proceso de selección del proveedor se cumplió de manera “espúrea” o amañada teniendo en cuenta que el Hospital consiguió tres cotizaciones dos de las cuales fueron falsificadas. Esto se pudo establecer luego de comprobar que las dos propuestas eliminadas no fueron firmadas por los propietarios de los negocios participantes; éstos dijeron que las firmas de las propuestas no correspondían a las suyas. Una pertenecía a una distribuidora de papa y la otra a una tienda pequeña.

El contrato le fue asignado en el 2.014  a una persona cuya identidad no pudo ser conocida por este medio de comunicación. Además los precios registran sobre costos “exagerados” – comparativamente con los que ofrece el mercado de primera calidad-   según los reportes en manos de la Contraloría de Cundinamarca. Los estimativos apuntan a que el posible robo en este caso supera los $117 millones de pesos; Álvarez  Torres dejó firmado o amarrado el contrato hasta el actual año.

Otro de los casos visibles tiene que ver con el contrato suscrito por Álvarez Torres con la firma Tecniaceros Naf Ltda por valor de $445 millones para trabajos de adecuación cuyas obras aún no han sido terminadas. (Ver:  Piden investigar contrato dudoso en el H. San Rafael de Fusagasugá. )

Estas son las denuncias más sonoras –hay más- presentadas al contralor de Cundinamarca Ricardo López quién, en respuesta, anunció una auditoría especial a partir de este lunes 12 de septiembre con la intención de llegar al fondo de lo que parece ser uno de los casos de corrupción con mayor impacto dentro del sistema de salud de Cundinamarca.

Probablemente por ello es que el Hospital San Rafael podría encontrarse al borde de una crisis de la cual solo saldrá sin las autoridades “le meten mano” para corregir todas las irregularidades que afecta de manera directa a los usuarios. Hoy, por donde quiere que se mire, la institución enfrenta serios problemas de corrupción y deficiencia. (ver: Destapan otra posible irregularidad en el Hospital San Rafael de Fusagasugá. )

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