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Debate en Armenia sobre la calidad del agua

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Por: Editor

No somos terroristas, somos ambientalistas. Varias organizaciones ecológicas y ambientalistas vienen alertando a la población de Armenia sobre los riesgos sanitarios que estarían corriendo, debido a la supuesta contaminación del agua que suministra el servicio domiciliario del acueducto municipal.

 

Opinión

Grupo GES

La advertencia de las organizaciones fue calificada por el periódico digital elquindiano.com como “Terrorismo sobre el agua”, en un editorial publicado el 26 de septiembre/18

Dice el editorial, en uno de sus párrafos:

(…)

“La autoridad ambiental del Quindío se llama Corporación Autónoma Regional del Quindío y en sus análisis no encontró razones para decir que el agua que beben los armenios es un agua mala…”, y agrega más adelante: (…)  “La forma como se ha presentado esta alerta desde varios individuos, ambientalistas, no deja de ser una desacertada orientación de comunicación que se debe corregir. Bueno es advertir, incluso criticar, pero sin caer en los excesos del terrorismo informativo, que puede crear un pánico generalizado entre los ciudadanos”.

El Quindiano se define en su Misión, como un medio que “educa con responsabilidad social, veracidad e inmediatez (…) Estamos comprometidos con la construcción de una sociedad más dialogante, analítica y tolerante”.

Sobre el particular, el internauta en la RED-GES, John Elvis Vera Suárez,  nos hizo llegar una nota de rectificación (derecho de petición) al informativo digital titulada: “La defensa del agua y el territorio, no es terrorismo”, y dice:

Armenia octubre 10 2018

Señores el Quindiano

Asunto: derecho de petición, rectificación

Las organizaciones ambientales del departamento del Quindío nos permitimos solicitar la rectificación del editorial  titulado “Terrorismo sobre el agua”  publicado el 26 de septiembre de 2018 por ese diario virtual dado que; La información transmitida por quienes buscan generar conciencia y prevención sobre la población no lo hacemos como producto de fanatismos infundados, trabas al desarrollo o favorecimientos de alguna clase, lo realizamos en nuestra condición de ambientalistas que, bajo las normas que rigen el sistema interamericano de protección de derechos humanos, establece que la protección al medio ambiente sano se ha entendido desde la perspectiva de dos fuentes de derecho.

En primer lugar, el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, que establece que “[toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos” y que “[los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”, contrario a lo planteado por ustedes en su editorial como que la defensa del medio ambiente y en particular del agua y la calidad de los servicios públicos se constituya en actos de terrorismo

Debe señalarse que la jurisprudencia de la Corte sí ha reconocido la relación entre la protección del medio ambiente y el respeto y garantía de otros derechos humanos, ya que la degradación ambiental puede afectar el goce efectivo de los derechos humanos, la Corte reconoció “la interdependencia e indivisibilidad existente entre los derechos civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales, puesto que deben ser entendidos integralmente y de forma conglobada como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello” por lo tanto como organizaciones ambientalistas defendemos la vida.

Su editorial se constituye en un claro caso de estigmatización con los defensores del medio ambiente y por ende de los derechos humanos al usar el término de terrorismo en contra de quienes realizamos actividades desde el ambientalismo para la protección de nuestras aguas, constituyéndose en  expresiones injuriosas y calumniosas poniendo en altísimo peligro en el actual contexto social en que se da un sistemático exterminio de líderes sociales por todo el país, especialmente de aquellos vinculados a las movilizaciones contra la megaminería, la defensa del agua y otros recursos ambientales.

Si la persona que escribió el editorial en mención es funcionario público, la Procuraduría puede solicitarle la rectificación por los mismos medios en que se produjo la conducta que incumple el deber de protección y respeto.

Código Disciplinario Único/ artículo 48: Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: (…) 53. (…) los servidores públicos se abstendrán de realizar conductas que deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento o estigmaticen la labor propia de los defensores y defensoras de derechos humanos y de sus organizaciones.”

Las acusaciones que publicaron desde su editorial de terrorismo informativo, no se configura de ninguna forma en las sanas actuaciones desplegadas por él, en ejercicio de las actividades pedagógicas, de investigación y divulgación de la crisis ambiental y sanitaria que atravesamos, donde el único objetivo de quienes  acompañamos el movimiento ambiental en el departamento del Quindío  es precisamente generar escenarios tendientes a la producción de conocimiento para saber qué tenemos, en qué estado, y sugerir qué medidas son viables o no adoptar. Es una tarea donde todos somos veedores, no terroristas.

El mensaje que envía desde su editorial es a todas luces criminalizante y regresivo teniendo en cuenta que la libertad de expresión (respetando los derechos y reputación de los demás), y participación ciudadana, no son solo acogidos sino promovidos por nuestro ordenamiento jurídico. No pueden seguirse violando las garantías de quienes defienden el territorio.

El Estado tiene la obligación de prever condiciones seguras para que los defensores puedan desarrollar su labor sin ver vulnerados sus derechos y para que las comunidades no acaben de sumirse en una cultura (aquí sí) de miedo y de algo peor, desconocimiento.

El Estado debe ser coherente y aplicar seriamente los lineamientos que enmarca la Organización de las Naciones Unidas y el sistema interamericano de DDHH en esta materia, y los compromisos que recién adquirió en el Tratado que busca implementar el principio 10 de la Declaración de Río.

No se concibe cómo es posible que un medio de comunicación que se autodetermina como “independiente”, sea quien incentive este tipo de conductas estigmatizantes y reprochables que solo generan escenarios de odio y miedo en la sociedad.

Petición: se rectifique por el mismo medio con la misma intensidad y difusión el papel de las organizaciones ambientalistas del departamento en la defensa del territorio, el agua y nuestro medio ambiente.

Contactos:

john.elvis.vera.suarez.1958@gmail.com

luis13serna@hotmail.com

marchacarnavalquindio@gmail.com

Enlace relacionado:

Terrorismo sobre el agua

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