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El fondo de pensiones –UGPP- intimida a sus pensionados con procesos penales.

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Por: Alejandro

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, se creó mediante la ley 1151 de 2007 principalmente para el reconocimiento y administración de las pensiones de empleados del orden nacional que eran manejadas por fondos especiales que decretaron su liquidación.

 

Opinión:

Por Álvaro París Barón.

Sin embargo, dentro del ejercicio de sus funciones y dentro de la órbita de lo que por infortunio es la corrupción de nuestro sistema administrativo, esta entidad ha tenido que lidiar con grupos de abogados que han sido denunciados pública y presuntamente porque han cometido falsedades en documentos y concierto para delinquir en complicidad con las entidades públicas, con el propósito de obtener reconocimientos pensiones a que no hay lugar según la jurisprudencia Nacional.

Unos casos bien sonados se produjeron en despachos judiciales de municipios pequeños de la Costa Atlántica, donde a través de apoderados presentaron múltiples tutelas que ordenaron reconocimientos pensionales con retroactivos millonarios para el erario público.

No obstante, estoy convencido que a muchos jubilados se les vendió la idea legal de que tenían derecho a una reliquidación pensional y de esta manera a través de expectativas falsas otorgaron poderes con la finalidad añorada de mejorar en algo su pensión y dignidad mientras esperan sus últimos días.

Impresionó mucho un caso particular, de un pensionado que invirtió toda su vida en la educación y luchó por los derechos laborales de miles de educadores de nuestro país, quien, bajo argumentos estructurados no sólo jurídicos sino también políticos estuvo convencido del derecho que le asistía a su pensión gracia de jubilación. Esta persona movida por la buena fe, inició un procedimiento judicial para su reconocimiento pensional, con la buena noticia de que un Juez de la República encontró en efecto vulnerados sus derechos fundamentales y ordenó al antiguo CAJANAL otorgar el beneficio pensional.

Pero lo que no sabía el pensionado, en ese momento y pese a la alegría de mejorar su condición económica, es que, a los pocos días la entidad dispondría sin soporte legal suspender el pago pensional aunque finalmente tuvo que pagarle el dinero. Así también inició una demanda en su contra con la finalidad de revocar su derecho pensional pues según la ahora UGPP el juez se equivocó y reconoció un derecho inexistente e ilegal.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca finalmente anuló el derecho pensional y aunque advirtió que las prestaciones que se causaron fueron devengadas de buena fe porque no se halló falsedad en su actuar, la UGPP arbitrariamente inició un proceso de cobro coactivo para embargarle sus bienes si no devuelve todo el dinero, por lo que está al borde de perder su patrimonio, con la amenaza constante de que será denunciado penalmente por su actuar. Situación que por demás afrenta al derecho Constitucional de la protección especial que tiene la tercera edad.

La UGPP no tuvo consideración a lo reiteradamente dicho en la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respecto a que como la parte actora actuó de buena fe no debe reintegrar el dinero de las mesadas reconocidas, y por el contrario, profirió una Resolución por la cual se determinaron unos mayores valores recibidos por concepto de mesadas pensionales, con cargo a Recursos del Sistema de Seguridad Social en Pensiones por conducto del Tesoro Público.

Las mesadas que la UGPP pagó en cumplimiento de la orden de tutela son un derecho adquirido, luego el retroactivo obedece a la ejecución causada de su derecho pensional y por ningún motivo se puede aceptar que la suspensión permanente de la pensión sea óbice para obligar al reintegro del dinero que ya ingresaron a su patrimonio.

En este momento el pensionado debe defenderse en el proceso ejecutivo que inició la UGPP y judicialmente contra los actos administrativos que dictó la entidad vulnerando sus derechos y garantías legales, situación que con la ayuda de Dios se demostrará la ausencia de la obligación de reintegro de los dineros devengados de buena fe.

 

ÁLVARO PARÍS BARÓN

Abogado especialista en derecho administrativo.

alvaroparis74@yahoo.com

@ParisAlvaro (twitter)

http://www.alvaroparis.blogspot.com/

Fusagasugá.

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