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El “multimillonario” negocio particular montando en Movilidad de Fusagasugá.

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Por: Alejandro

Desde el 2.007 el  municipio le entregó a la empresa Trafic and Transit  un negocio hoy nada razonable e inteligente desde el punto de vista comercial, negándole a la ciudad ingresos  por el orden de los 6 o 7 mil millones de pesos anuales que, en criterio de concejales promotores del debate de control político, deberían ser invertidos en la recuperación de la maltrecha malla vial de la ciudad o en proyectos de contenido social. Conforme a las mismas denuncias es tan desfavorable el convenio en cuestión que no solamente el municipio recibe menor porcentaje de los recaudos por trámites de tránsito –aproximadamente un 40%-, sino que asume la mayor parte de los costos de operación favoreciendo de manera exagerada a la  privada en cuestión.

 

Informe especial.

Lo anterior surgió a la luz pública en cumplimiento de un debate de control político a instancia de los concejales Marcela Alvarado, Gabriel Escobar y Omar Orlando Ortiz –en su orden de izquierda a derecha  grafica- quienes citaron al Secretario de Movilidad, el recién posesionado Julián Camelo, para que explicara las razones por las cuales el municipio prácticamente se negó importantes ingresos financieros originados en  servicio y trámites que le dejaría gruesos dividendos que pueden ser invertidos en la recuperación de las calles y en seguridad vial  los cuales se lleva Trafic and Transit, -insistimos-.

El “meollo” de la discordia o centro de la inquietud, para utilizar términos coloquiales, consiste que hoy no se explica cómo aún se le sostiene la mayoría, si no la totalidad -aún no se han determinado-, de unos servicios a la citada multinacional Trafic and Transit  cuando buena parte de ellos ya han debido ser asumidos por la Secretaría de Movilidad como inicialmente había sido proyectado.

De haberse cumplido con lo planeado  ya para el  2.010 o 2.011 el municipio debía tener el control de todas las funciones denominada como “venales” dentro de las normas correspondientes, menos la elaboración de las placas para vehículos cuyo trabajo especializado fue autorizado por el Gobierno Nacional–por su complejidad- a unas pocas firmas entre ellas a Trafic and Transit. Con el movimiento observado en Fusagasugá ello tiene un costo aproximado a los $6 mil millones.

Sin embargo a la fecha la misma empresa, por razones aún no explicadas, continúan con la totalidad del negocio que representa una facturación anual de entre 11 y 12 mil millones de pesos suma a la cual, como ya se indicó, debe restársele unos 6 mil millones correspondientes a la elaboración de las placas.

Quiere decir que la multinacional continúa ganándose 6 o 5 mil millones de pesos adicionales que deberían estar ingresando a las arcas del municipio si el convenio o negociación, insistimos, se hubiese replanteado conforme a los proyectado inicialmente.

El convenio con Trafic and Transit  fue suscrito en el 2.007 por el entonces alcalde encargado Gilberto Salazar quién entró a remplazar a César Jiménez quién había sido destituido; sin embargo éste último proyectó el documento y los términos del pacto.

Se realizó la negociación de esa forma considerando que en ese entonces el municipio no contaba con los recursos económicos y tecnológicos para asumir los costos del montaje del sistema;  se programó así para que tres o cuatro años más tarde Fusagasugá tomara el control pleno de los servicio.

Acordaron que la multinacional debía aportar toda la logística –computadores, muebles, papelería y otros elementos- incluyendo un imprescindible y especializado software-, mientras el municipio aportaba la “marca”, es decir la entidad –en ese entonces era Oficina de Tránsito hoy Secretaría de Movilidad-, las instalaciones, costos operativos y algunos funcionarios y otros gastos no plenamente conocidos a la fecha.

Los tres primero años debían ser aprovechados para que el municipio de su participación -40%- ahorrara los recursos que le permitieran “independizarse” y asumir toda la operación con los dividendos que ello representa –hoy más o menos unos $6 mil millones-.

Posteriormente se prolongó la vigencia del negocio bajo la administración Baudilio Páez,  el 2 julio del 2.010 –un mes-,  otra el 30 de julio -5 mese- y una tercera el 30 de diciembre por 5 meses; para ese entonces aún no se habían completado los trámites aunque estos ya se encontraban a punto de culminar.

Entonces se registró el desenlace de una serie de querellas contra Páez; fue destituido por la Procuraduría en sanción que años más tarde fue derogada. Ya como alcaldes encargados Ricardo Rodríguez y Mauricio Castañeda   siguieron renovando el contrato. Éste último los extendió por tres años más alcanzando buena parte de la administración del alcalde de la época Carlos Daza.

Por esos días  durante un encargo a  Liliana Bohórquez, por vacaciones de Daza, ésta volvió a ampliar el plazo por año y medio es decir hasta el período del actual alcalde Luis Cifuentes Sabogal.

Debido a la premura y al natural proceso de empalme, se entendió, el actual mandatario lo prorrogó hasta el 31 de diciembre que viene.

Por encima de ello los concejales promotores del debate de control político quieren llegar al fondo de lo que, estiman, puede ser una falta de gestión o de alguna otra cosa extraña que no permite completar el proceso: que Fusagasugá asuma la totalidad del servicio haciéndose a cerca de $6 mil millones de pesos que hoy se lleva de manera inexplicable Trafic and Transit, recursos que pueden ser   invertidos en proyectos de contenido social e incluso para vías.

A fin de completar este proceso se requiere una inversión de entre mil y mil 500 millones de pesos representados en el software especializado y en el mobiliario, es decir escritorio, computadores, papelería y otros elementos necesarios en oficinas. En la actualidad la Secretaría de Movilidad solo posee una impresora; el resto es de la citada empresa.

Otro asunto que inquieta es que buena parte de los funcionario, 11, son pagados por el municipio mientras que Trafic and Transit solo cuenta con 6; mejor dicho los empleados de la ciudad prácticamente se encuentra al servicio de la esta empresa que tampoco paga arriendo.

Además del presupuesto del municipio deben pagarse los servicios públicos y otros gastos operativos; quiere decir que la parte de Trafic and Transit queda “pulpita”.

Lo hasta acá mostrado es apenas un asomo de un asunto que puede tener mucho fondo al cual los concejales  Alvarado, Ortiz y Escobar quieren llegar; éste último advirtió que solicitarán investigaciones ante la Procuraduría.

Para algunos observadores el alcalde Luis Cifuentes debe asumir los correctivos que la situación amerita en defensa de unos recursos necesarios para el municipio.

Otro asunto que llama la atención es porqué los Concejos anteriores no adelantaron este debate de control político que le hubiese permitido a la ciudad contar con importantes recursos.

Las preguntas son: ¿Cuál es la insistencia de sostener esa mala negociación con Trafic and Transit? ¿Quién o quienes intrigan para que se mantenga?

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