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El obrero es digno de su salario, ¿y el de los congresistas?

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Por: Alejandro

Mucha polémica e indignación generó esta semana el aumento del 7.77% que sobre el salario de los Congresistas colombianos decretó el gobierno nacional;  a lo mejor, porque estas células legislativas no se ven con muy buenos ojos ya que se tienen como corporaciones con alto grado de corrupción y, porque son muy contadas las excepciones de los que son trabajadores y cumplidores de su deber.

 

Opinión.

Por: Armando Ramírez Olarte

Más allá de que sea o no legal el aumento, y de que como a todo trabajador se le deba incrementar su asignación salarial, lo que irrita a muchos colombianos es que ese ajuste porcentual más que un derecho constitucionalmente reconocido y en virtud de su labor, es más una retribución de la presidencia de la República a los senadores y representantes en devolución de los favores recibidos de los legisladores como la aprobación de la venta de Isagen y otros tantos que el ejecutivo ha puesto en manos de aquellos.

Y es que, muy a pesar de que no todos los congresistas han aprobado los requerimientos presidenciales que terminan en leyes de la República, la verdad es que resultan salpicados los cumplidos por el comportamiento de algunos que francamente da grima, pues básicamente su labor consiste en pedir y pedir favores y burocracia a cambio del voto afirmativo de las propuestas sometidas a consideración de los cuerpos legislativos.

Entre tanto, mientras que para un congresista el incremento significa obtener un ingreso de cerca de dos millones cien mil pesos (2.100.000.oo), en algunos casos por hacer muy poco; para la gran e inmensa mayoría de colombianos sufridos y aporreados por el gobierno nacional, que se ven avocados a hacer huelgas, paros y manifestaciones, su aumento para 2016 fue del 7%, lo que significó un incremento tan solo de cuarenta y cinco mil ciento cuatro pesos (45.104.oo)      

No deja de ser importante la labor de los senadores y representantes, pues que estamos en un Estado de Derecho que se debate en el terreno de lo jurídico de manera permanente y de allí, la necesaria labor de legislar, lo que algunos de ellos entienden en favor del gobierno de turno, porque está de por medio su interés personal, individual, sus ojos están puestos en la mermelada a la que pueden acceder, pero no en las necesidades de la nación, de los colombianos, de los más desprotegidos.

Valdría la pena, como se dejó entrever esta misma semana, que se diese inicio a un proceso de revisión del monto del ingreso de los integrantes de la Cámaras legislativas en Colombia, tasada en una cantidad determinada de salarios mínimos legales mensuales vigentes y que su remuneración se ajuste anualmente con base en el IPC, e igualmente que fije de conformidad con la importancia de su labor, la forma de su ejecución y las circunstancias concomitantes de su desarrollo.

Ello, porque no es ajeno al conocimiento de los sufridos colombianos, que a pesar del monto de la jugosa asignación salarial (27’929.064 pesos), algunos de los congresistas reciben todo tipo de beneficios y prebendas por su condición de tales; además de lo que perciben de parte de aquellos a quienes ponen en algunos puestos o cargos, o de parte de quienes logran contratarlos en las administraciones públicas municipales, departamentales o nacionales y los correspondientes entes territoriales.   

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