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“Hallazgo” de presunta corrupción en negocio de cartillas en Movilidad Fusagasugá.

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Por: Alejandro

Lo confirmó la Contraloría de Cundinamarca. El alcalde Luis Cifuentes y su secretario de Movilidad, Jorge Arturo Garzón Jaramillo, habrían manipulado la licitación para entregar la elaboración de unas cartillas sobre seguridad vial. El caso fue hecho público por el concejal Gabriel Escobar en sesión de control político adelantado el 30 de julio pasado. (Ver: A Fiscalía y Procuraduría posible sobrecosto en cartillas de Movilidad Fusagasugá. )

 

De acuerdo a la Contraloría tanto el mandatario como su subalterno habrían direccionado el proceso para que el negocio le fuera asignado al Grupo Editorial Durán violando principios de transparencia y pluralidad de oferentes como lo dispone la Ley 80 sobre Contratación Pública.

En su momento el concejal Escobar entregó pruebas documentales sobre el particular insistiendo en que cada una de las cartillas tiene un sobreprecio de $20 mil, lo cual quiere decir que se cancelaron cerca de $20 millones más por la elaboración de los 1.083 cuadernos. Pagaron en total $32 millones 490 mil.

Concejal Gabriel Escobar puso al descubierto posible corrupción en contrato de cartillas sobre seguridad vial en Fusagasugá.

Dentro del análisis efectuado por la Contraloría de Cundinamarca respecto de las cotizaciones resalta que encontró serias “deficiencias en la aplicación de las normas de austeridad en el gasto”, afirmando que se realizó una contratación con la exigencia de la certificación ISBN (International Standard Book Number  por su sigla en inglés) de la Cámara Colombiana del Libro, lo cual no resultó significativo para la ejecución del contrato.

Esa exigencia es un tanto exótica por cuanto son muy pocas las empresas editoriales que la posee y casi nunca lo solicitan precisamente por ello; solo es reclamada cuando se trata de procedimientos internacionales. Parece ser que en este caso la impusieron para eliminar otras propuestas.

Simultáneamente afirmó la Contraloría que con esa figura se limitó la participación de otros oferentes que pudieran contar con la experiencia requerida sin que afectara el cumplimiento del contrato la ausencia de tal requisito.

Para el organismo de control “se evidencia un incumplimiento a lo preceptuado en los decretos 26 y 1737 de 1.998 y los principios de transparencia y pluralidad de oferentes de la Ley General de Contratación”.

Este parte del texto del informe (lo pertinente) de la Contraloría de Cundinamarca entregando los resultados de la investigación solicitada por el concejal Gabriel Escobar.

En opinión de abogados expertos en derecho disciplinario y penal consultados por este medio noticioso, tanto Cifuentes Sabogal como Garzón Jaramillo pueden estar incursos en la comisión de delitos de celebración indebida de contratos y prevaricato por acción.

El mismo caso fue denunciado por el concejal Escobar Cruz ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría en donde continúan los respectivos procesos.

De ser encontrados responsables podrían ser sancionados con  destitución del cargo, inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas y hasta pena de prisión.

El informe de la Contraloría resulta muy importante y puede ser definitivo en los procesos que adelantan tanto la Fiscalía como la Procuraduría.

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