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¡Fusagasugá toma drásticas medidas contra invasores de tierras!

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Por: Alejandro

La Alcaldía inició los trámites legales correspondientes con el propósito de  recuperar y detener la toma de terrenos del municipio, promovidos, posiblemente, por los denominados “Tierreros” que están impulsando la ocupación de lotes del municipio; ya lo hicieron en Soacha y otras ciudades. Todas las autoridades locales han llamado la atención de las personas que se están y se han  prestado para ese tipo de incursiones por las vías de hecho, a fin de que no se dejen engañar con falsas promesas y eviten enfrentar acciones penales de impredecibles consecuencias.

 

Informe especial:

Lo real hoy es que cerca de 300  familias, aparentemente desplazadas, invadieron los terrenos de la Hacienda  El Alcázar  perteneciente al municipio, es decir a todos los fusagasugueños, inducidas por personas con oscuros propósitos y con fines que están siendo investigados por los organismos competentes. El caso desde hace días se encuentra en manos de la Fiscalía y los organismos correspondientes.

La invasión se presentó  en los lotes antes mencionados, en inmediaciones de donde está siendo construido un complejo urbanístico precisamente con la intención de entregarles vivienda prioritaria fundamentalmente a las personas afectadas por el fenómeno de la violencia.

Todavía no es claro pero, parece ser, que la toma está siendo promovida por los denominados “Tierreros”, organizaciones que se han especializado en ese tipo de eventos que han causado serios problemas en otras ciudades como, por ejemplo, Soacha.

Para ellos, los “Tierreros”, el único propósito es el económico sin importar los riesgos en que colocan a las personas que se dejan convencer de la invasión por las vías de hecho, asunto que es totalmente condenado por las leyes nacionales.

La Personería de Fusagasugá, por ejemplo, previno sobre la circunstancia de que, como ha ocurrido en otros casos similares, las familias pierdan la patria potestad de sus hijos debido a que los padres los colocan en condiciones de vulnerabilidad, circunstancia ante la cual Bienestar Familiar debe asumir  la protección de los  menores de edad como los disponen las normas legales.

Generalmente los promotores de las invasiones,  “Los Tierreros”, una vez se presentan los casos de desalojo, obligan a las familias a colocar como “escudos humanos” a los menores de edad y ancianos con tal de crear caos y zozobra frente a la intervención de las autoridades.

Hay versiones no confirmadas en el sentido de que buena parte de las personas que se tomaron  la Hacienda el Alcázar son provenientes de Soacha, como también del sur de Bogotá y poblaciones vecinas.

Parece ser que ese grupo de familias deambulan por varias ciudades y poblaciones manipuladas por  “Los Tierreros” precisamente con el propósito de invadir lotes algunos particulares y otros de las entidades territoriales como en este caso de Fusagasugá.

Cierto es que “Los Tierreros”, quienes se hace acompañar por grupos de abogados expertos en este tipo de eventos, presentaron una acción de tutela con el propósito de obligar a la Alcaldía de Fusagasugá a entregarles el lote antes mencionado. La acción fue negada por la justicia colombiana.

Ahora solo faltan unos trámites legales antes de que las autoridades competentes entren a recuperar los lotes invadidos, asunto que se encuentra cumpliendo el trámite correspondiente.

En este episodio como en otros registrados en varias ciudades del país, en este caso el alcalde Carlos Daza, debe y tiene que intervenir, es decir le es obligatorio, a fin de recuperar el lote; de lo contrario enfrentaría pleitos administrativos y legales que lo podrían, incluso, llevar  a la cárcel en caso extremo.

Lo paradójico en el actual caso es que  Fusagasugá se solidarizó con las víctimas de la violencia y facilitó el programa de vivienda prioritaria que actualmente se encuentra en desarrollo, precisamente con  la intención de suministrarle vivienda a los desarraigados.

En ello, con los aporte de los fusagasugueños a través de los impuestos, destinó  más o menos 300 millones de pesos con lo cual la ciudad se solidarizó, reiteramos,  con la causa de acoger y entregarles una nueva oportunidad de vida a las familias que huyeron del conflicto armado.

Otro tema que preocupa a algunos analistas es el hecho de que a estas nuevas familias la ciudad debe suministrarles oportunidades laborales, asunto en el cual, necesariamente, debe intervenir el Gobierno Nacional.

Sobre las consecuencias de los programas de Vivienda Prioritaria sin debida planificación en cuanto a oportunidades productivas ya advirtió el alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón. Los mayores problemas de inseguridad, narcotráfico y prostitución se registran en las urbanizaciones Torrentes y Villanueva en donde fueron alojadas las familias de escasos recursos y desplazados. (Ver:  Vivienda gratis en Soacha crea problemas de inseguridad, microtráfico y prostitución. )

Quiere decir que con ese precedente Fusagasugá y otras ciudades en similares condiciones debe tomar las medidas del caso a fin de detener esos nefastos efectos.

Otro asunto grave es que, de acuerdo a informaciones no oficiales, los mismos promotores de la invasión de la Hacienda el Alcázar  están impulsando la toma de los apartamentos que en este momento el municipio está construyendo en el lugar; la nueva toma sería realizada aprovechando la Semana Santa.

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