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¡La defensa de lo indefendible!

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Por: Alejandro

Fueron cerca de 7 horas en la cuales la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal de Casación, tardó en dar el fallo condenatorio dentro del proceso que por el AIS y mediante el cual se condenó a 17 años de prisión al exministro Andrés Felipe Arias, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en beneficio de terceros, cometidos ambos en concurso homogéneo y heterogéneo, y que se encuentra publicado en 403 folios que contienen el sustento jurídico y fáctico de esta decisión judicial.

 

Opinión:

Por Armando Ramírez Olarte

Uno a uno, pasaron los argumentos del Alto Tribunal, sobre los cuales se cimentó la sentencia en contra de los intereses del hoy asilado en los Estados Unidos y, solo para poder sopesar los criterios fácticos y jurídicos que tuvo esta corporación judicial y poder emitir un concepto u opinión al respecto, se hacía imperativo, o escuchar toda la narrativa o leer posteriormente y de manera detenida la foliatura completa del fallo con las consideraciones de la Corte, para comprender el sustento de la sentencia que en derecho correspondió.

Viene a cuento esta situación, porque ahora, por vía de una revisión ante la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación solicita, insiste en que se determine a través de un examen o análisis por parte de este máximo Tribunal colombiano, si hubo o no infracción al debido proceso durante el trámite del juicio,  porque le parece a este Órgano de Control que no hubo dolo en el actuar del exministro Arias en los injustos penales por los que se le acusó y posteriormente se le condenó.

Pues bien,  sobre de la exposición que hizo la sala Penal de la Corte y el fundamento basilar expuesto para el caso, no queda la menor duda que durante todo el trámite y los procedimientos que se agotaron para adjudicar algunos contratos de AIS, siempre hubo intervención del exministro, todo lo sabía e incluso, que se alistó con anterioridad al otorgamiento de la llegada de algunos recursos, para realizar contactos y hacer adjudicaciones previas, porque conocía que el dinero llegaría; convenios y contrataciones que se otorgaron con total inobservancia de los más elementales exigencias que establece la ley para ello, para beneficiar a terceros, según la Fiscalía, amigos políticos.

Por ello, es francamente inaceptable, por decir lo menos, que sea la Procuraduría, la que se encuentre en estas andanzas de solicitar revisión del proceso y procedimiento, dizque porque no hubo dolo en el actuar del sentenciado, cuando a todas luces de infiere y se deduce, con total facilidad y sin mayores esfuerzos, de las maniobras e intervenciones que realizó el exministro para llevar a cabo su cometido delictivo, porque a la luz de los hechos y las probanzas que arrimó de manera adecuada y juiciosa arrimó el ente acusador en el juicio, sirvieron de soporte probatorio a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, para fincar su decisión de condena.

En suma, lo que requerimos los colombianos, es que los entes de Control hagan su tarea juiciosa, y no que dejen la sensación de que se convirtieron en actores políticos, antes que jurídicos y/o judiciales, porque envían un pésimo mensaje al colectivo nacional.

 

 

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