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Lucha entre desprestigiados.

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Por: Alejandro

La mermelada al banquillo. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha resuelto abrir investigación preliminar contra todos los congresistas de la Unidad Nacional (senadores y representantes) bajo la sindicación de varios delitos: cohecho, colusión, peculado, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito: ¡Hágame el favor!

 

Opinión.

Por: Octavio Quintero

Grupo GES

Y semejante noticia ni siquiera abrió los noticieros de TV y radio, ni las primeras planas de los diarios nacionales en sus ediciones digitales. Es más, la indagación habría sido ordenada desde diciembre pasado por el magistrado, Eyder Patiño, en virtud de una denuncia presentada en el 2013 (¡5 años atrás!) por la ONG, Corporación Foro Ciudadano, que orientan los abogados Ricardo Cifuentes y Eduardo Carmelo.

Según la denuncia, los congresistas, “a cambio de puestos de trabajo para sus familiares, cupos indicativos y adjudicaciones a dedo de contratos, habrían aprobado proyectos de ley relacionados con los acuerdos de paz sin el debido estudio”.

Bueno, que al cabo de los años se decida adelantar la investigación, y que la noticia no tenga el impacto mediático que se supone, lo que indica es que esas cosas, “por lo sabido se callan” o se les otorga poca importancia.

Prueba reina.

Si la investigación que se abre fuera imparcial, no habría que ir muy lejos en busca de las pruebas que llevarían a la destitución de todos los congresistas de la llamada “Unidad Nacional”: liberales, conservadores, de la U, Cambio Radical (e intermedias) que salieron en “socorro” del presidente Santos cuando perdió en primera vuelta la reelección (mayo del 2014).

Acusado entonces por distintos medios de comunicación, haciéndose eco del Centro Democrático del expresidente Uribe de comprar apoyo político para la segunda vuelta a punta de ‘mermelada’, el Presidente – candidato, Juan Manuel Santos, salio en defensa de los “Cupos Indicativos” (léase mermelada) diciendo en distintos medios de comunicación:

(…)

“Sucede en todas partes del mundo, en Inglaterra, en Francia, (…) los congresistas tienen el derecho a sugerir las inversiones en sus regiones, la mermelada no es nada diferente a las inversiones que hace un gobierno con sus regiones”, y agregó: “Qué hace un congresista de un departamento o un municipio muy pobre cuando llega y la gente le dice, usted qué nos trajo y les dice nada…lógicamente ese político debe tener el derecho de decir, por favor, señor Gobierno: tráigame esta carretera, este hospital, este colegio.”. (Fuente: Hora 20/BLU Radio)

Según la misma fuente informativa (…) “La Casa de Nariño entregó tres billones de pesos en cupos indicativos o mermelada parlamentaria, de acuerdo con los registros del ‘Computador de Palacio’ donde quedaron consignadas cada una de las cuotas, con que el gobierno Santos aseguró la gobernabilidad y el respaldo electoral de caciques regionales como Musa Besaile, Bernardo Ñoño Elias, Yahir Acuña, Roberto Gerlein, Daira Galvis y Arleth Casado entre muchos otros que figuran en los archivos de palacio.”.

Tenemos derecho a sospechar de la buena intención de la Corte Suprema de Justicia, porque…  ¿quién podria explicarnos con suficiente razón que semejante denuncia haya dormido a placer cinco años en la CSJ? Tenemos derecho a sospechar que se trata de una carga de profundidad política de la CSJ en vísperas electorales contra un Congreso tan desprestigiado como la misma Corte, según el registro de la encuesta Yanhaas:

Conociendo la paquidermia que adorna  al sistema judicial colombiano, no se requiere mucho esfuerzo mental para calcular el largo tiempo que se tomaría la Corte escuchando en versión libre a 164 parlamentarios inicialmente vinculados al “Cartel de la Mermelada”, procedimiento que solo podría iniciarse una vez la Corte reciba las pruebas que solicitó, entre otras:

  1. A la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), copia de todas las obras públicas que se licitaron entre el 2013 y el 2015 con el fin de determinar qué relación tenían los congresistas involucrados con estos proyectos y contrataciones.
  2. A la Fiscalía y la Procuraduría, que le entregue información sobre si en esas entidades existen denuncias por este mismo concepto.

3.- Al exdirector del DNPS (Departamento Nacional de la Prosperidad Social), Bruce Mac Master, llamado a declarar sobre el asunto.

4.- Al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a John Sudarsky, Camilo Romero, Iván Cepeda, Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos, Pedro Medellín y Juan Camilo Restrepo.

  1. Verificar si en el Palacio de Nariño hubo reuniones con miembros de las bancadas de los partidos políticos (que ocurren a diario) pero, se supone que en el presente caso relacionadas con el reparto de los tres billones de pesos que del bolsillo de todos los contribuyentes sacó Santos para voltear el desgraciado resultado de su derrota en la primera vuelta presidencial.

¿Cuándo recabará la Corte todo este acervo probatorio? Al parecer, la augusta Corte quiere hacerle competencia a la Comisión de Acusaciones de la Cámara en donde duermen, también a placer, todas las investigaciones que llegan a esa prostituida célula legislativa.

Es decir: pasará este periodo legislativo y vendrá otro (2018-2022); pasará esta Corte y vendrá otra con nuevos magistrados; terminará este gobierno y vendrá otro (2018-2022) con “caras nuevas en los carros oficiales”; pasarán las palabras editoriales de muchos analistas pero, la investigación abierta por la Corte, esa no pasará. ¡Ni de riesgo!: ¿Cuánto apuestan? ¿Qué busca la Corte con esta sensacional noticia?… “La pregunta del millón”, como dicen…

Fin de folio.- Tengo la fundada sospecha que esta investigación de la Corte es la punta del iceberg de una estrategia cuyo objetivo principal es demostrar la idea de que si todos somos culpables, nadie es culpable.

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