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Millonarias demanda de la U de C contra la nación por transferencias pendientes.

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Por: Alejandro

Son algo más de $100 mil millones. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca entró a evaluar en firme  la acción popular instaurada por la Universidad de Cundinamarca contra el Ministerio de Hacienda, en busca de que se hagan efectivos los giros que por Ley 30 le adeuda en lo correspondiente a los años 1.993 y 1994 y los adecuados ajustes anuales. Las partidas corresponden al interés de “garantizar el servicio público educativo para que su prestación sea eficiente y oportuno”.

 

Informe Especial

De acuerdo con los alegatos quedaron pendientes las transferencias de los años 1.993 y 1.994 previstos dentro de la Ley 30, puesto que el primer giro se realizó  en 1.995 dos años después de que el entonces Instituto Técnico Universitario, ITUC, pasara a ser Universidad en 1.992 con sede central en Fusagasugá.

Además y como un segundo alegato  El Ministerio de Hacienda no está siendo equitativo por cuanto los ajustes anuales de los aportes no se cumplen con equidad  y que “presentan inequidades significativas al no tener en cuenta los factores como cobertura, aprestamiento de programas para acreditación de alta calidad y las necesidades propias de las universidades de la región”.

La comunicación que alerta sobre este episodio igualmente advierte que para el caso de Universidad de Cundinamarca, una institución del departamento con una carga de más de 13.901 estudiantes, la realidad es crítica pues  “no sólo tiene la base de trasferencias congelada bajo una política de actualización monetaria y nunca creciente, sino que la Nación no realizó las trasferencias de los años 1993 y 1994, y tampoco tuvo en cuenta en el año 1995 reajustar las transferencias con base en el presupuesto de rentas y gastos de la UDEC”.

En realidad el panorama es desalentador por cuanto la UdeCundinamarca ocupa el puesto 31 de 32 en el listado que cuantifica el monto de transferencias. Solo recibe $1 millón 300 mil pesos en promedio por alumno mientras que a instituciones como la Nacional o la de Antioquia les giran $14 millones por cada estudiante. Una diferencia desproporcionada en opinión de analistas.

Otro punto del alegato es que el promedio de los aportes de la nación a las universidades  se ubica por el orden de los $4 millones; en otras palabras la UdeC ni siquiera alcanza el 50% de la media nacional.

Dentro de la clasificación para las trasferencias la UdeC incluso se encuentra por debajo de instituciones con menos número de estudiantes y menor nivel académico (en cuanto a número de carreras y calificación del Icontec) solo superando a la Universidad del Pacífico (puesto 32), pero por debajo de laFrancisco de Paula Santander (30), Francisco José de Caldas (29) y la Universidad Militar Nueva Granada (28) lo cual indica el grado de depreciación que los Ministerio de Educación y de Hacienda mantienen al centro de formación superior del departamento.

Por los años reclamados mas los ajustes que podrían surgir, la nación le tendría que cancelar a la Universidad de Cundinamarca cerca de $110 mil millones sin contar con actualizaciones que puedan resultar de otras reclamaciones producto de los resultados de esta acción popular.

Si se consideran las cuentas sobre aspectos reales como el IPC el claustro enfrenta retrocesos en materia financiera por cuanto, todos los años, deben ser incrementados de todos los aspectos generales e insumos además de los sueldos de personal administrativo y profesores conforme al costo de vida, mientras los traslados de la nación se encuentran congelados por años.

Otro aspecto que golpea la estabilidad económica de la UdeC y que no tiene en cuenta la nación, o no quiere ver, es el aumento del número de estudiantes que cada semestre reclaman su ingreso, asunto que debe ser asumido irremediablemente por el claustro.

Esto sin entrar a considerar que la nómina del personal docente y administrativo suele incrementar en cifras superiores al IPC, y el número de estudiantes no es el mismo al de la década de los 90´s, y en la actualidad los gastos de funcionamiento e inversión superan los presupuestado en el año 1993 y a la fecha se encuentra actualizado y no acrecentado monetariamente.

La audiencia pública sobre el tema fue adelantado hace pocos días dando inicio a un litigio que puede extenderse por varios años. En principio la UdeC buscaba una conciliación pero ahora siguen los alegatos.

“Sigue una etapa de pruebas. Se hará llegar elementos de convicción al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y posteriormente vendrá el fallo que pondrá fin al proceso y del cual esperamos sean amparados los derechos e intereses colectivos y se garantice la prestación del servicio público educativo en términos de eficiencia y calidad”, explicó Guillermo Ernesto Polanco Jiménez, abogado demandante y representante de la Institución.

En realidad y según indica los alegatos, en realidad se está reclamando “justicia y equidad para los más de 13.901 estudiantes, que pertenecen a las ocho sedes que ofertan programas académicos: Fusagasugá, Girardot, Ubaté, Chía, Zipaquirá, Chocontá, Soacha y Facatativá”.

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