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Reviviendo la democracia directa de las antiguas polis griegas.

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Por: Alejandro

Los últimos acontecimientos en Colombia están reviviendo el concepto de democracia directa de las antiguas polis griegas en donde todos los integrantes participaban en las decisiones que los afectaban y en la vida económica, política, social y cultural de esas primigenias naciones. Era lo que realmente se conocía como una ciudad-Estado soberano en su máxima expresión.

 

Opinión:

Por: Germán Calderón España. (*)

En evolución de ese concepto en donde el poder público emanaba del pueblo soberano exclusivamente, y ante la complejidad de las ciudades y naciones por el aumento de la población, se hizo necesario que eligieran sus representantes quienes deberían tomar las decisiones a nombre de sus representados.

Ahí es donde se fue perdiendo el concepto del poder público derivado del pueblo, pues los congresistas, en nuestro caso particular, se lo apropiaron y lo que es peor, lo derivan de otras fuentes, como el mercadeo electoral, las falacias en sus propuestas, la inviolabilidad de sus votos y la inmunidad de sus responsabilidades.

Por la omisión del legislativo en afrontar los verdaderos temas de interés nacional, como por ejemplo, el matrimonio de parejas homosexuales, el progreso sostenido  del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el respeto por la integridad de nuestro medio ambiente en el que se desenvuelve la flora y la fauna, y muy particularmente, los animales maltratados por diversión o como herramientas de trabajo, se está dando un vuelco hacia la resurrección de un concepto abolido por la evolución social y política de los pueblos.

Si tenemos un problema con el direccionamiento del proceso de paz, – cese al fuego bilateral o plazo definido para el acuerdo final -, por los extremos políticos de quienes quieren la paz o sus enemigos, convoquemos a un referendo. Ante una política pública de protección de los animales que genera controversia porque a algunos se les acabó el remate de corrida los domingos, convoquemos a una consulta popular. Frente a la decisión de aceptar o no el matrimonio homosexual y sus consecuentes cambios en el ortodoxo y dogmático pensamiento de quienes no aceptan la diferencia, convoquemos a un referendo. Si no nos gusta una sentencia judicial, acudamos a las redes sociales para que todos los que estén en esa línea, hagan clic y se unan a esa rebeldía, aclarando que las que no estén ajustadas al orden jurídico deben salir del mismo.

Fracasó la democracia representativa por ineficiencia, desidia, y en algunos casos, “corrupción” – consumada en sus diferentes manifestaciones – de nuestros legisladores que ha convertido a esa rama del poder público en la más desprestigiada y la que desencadena la mayor desconfianza de los ciudadanos.

Por ese mismo sendero avanza la rama judicial, que igualmente proviene del poder popular, la que hoy aparece según informe de Word Justice Proyect en el puesto 83 entre los 102 países calificados, constituyéndose en una vergüenza para el prestigio del país a nivel internacional, escaño que ocupamos debido a los escandalosos hechos que protagonizan nuestros magistrados, jueces y fiscales, además de la falta de aplicación de los precedentes jurisprudenciales uniformemente ante situaciones fácticas y jurídicas similares, como también la constante injerencia de la política en la justicia.

Un caso que muestra la ineficiencia de estas dos ramas del poder público es la falta de una decisión definitiva que equipare los derechos de los ciudadanos que constituyen parejas homosexuales con los demás, muy a pesar de que la propia Corte Constitucional había dicho que “…la ley no impide, en modo alguno, que se constituyan parejas homosexuales…” y que en todo caso, la orientación sexual, en modo alguno impedía a las personas “…a celebrar válidamente con sus pares o con terceros, contratos o negocios de contenido patrimonial…”, que equivale a celebrar matrimonios entre parejas homosexuales según mi criterio.

Desde hace veinte años, con esa línea, hubiesen podido ambas ramas dictarles una clase de derecho e interpretación constitucional igualitaria a países que se suponen nos llevan años luz en desarrollo estructural, económico, político y demás. Hasta hace unos días Estados Unidos de América tomó la decisión respecto a este tema, cuando nuestra Corte aún debate si somos o no iguales los seres humanos.

Por esa incertidumbre es que salen voces ortodoxas e inequitativas a decir: “Convoquemos a un referendo”.

Por fortuna ante los avances tecnológicos podemos convocar al pueblo en forma universal y directa a través de las redes sociales, como en las viejas polis griegas, pero no olviden que constitucionalmente su resultado no es válido.

 

El ejercicio legítimo es la participación, la información y la expresión, libertades individuales indiscutibles que por su peso en la democracia resultan intocables.

(*) Abogado Constitucionalista.

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