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Procuraduría causó daño antijurídico al anunciar que vídeo era prueba de existencia de la “Comunidad del Anillo”

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Por: Alejandro

Según el comunicado 87 del 16 de febrero de 2016 de la Procuraduría General de la Nación, informó al público que “con base en la indagación preliminar que abrió contra el señor general Rodolfo Bautista Palomino López, director general de la Policía Nacional, en diciembre pasado, se han recaudado diferentes pruebas producto de visitas especiales y testimonios, entre ellos la declaración del capitán Anyelo Palacios Montero, referenciado por el capitán en retiro John Fabio Marín Larrahondo, quien presentó la queja, la cual fue incorporada a esta actuación.

 

Opinión.

Por: Álvaro París Barón.

Luego de analizar las pruebas, el despacho del Procurador General de la Nación abrió hoy investigación disciplinaria formal contra el señor general Rodolfo Bautista Palomino López, director general de la Policía Nacional, por diversas irregularidades que están relacionadas en tres aspectos especiales: 1. Posible incremento patrimonial injustificado, 2. Presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas y 3. La creación y puesta en marcha de una supuesta red de prostitución masculina denominada periodísticamente “La Comunidad del Anillo””.

Sobre esta última hipótesis de investigación, “y con las limitaciones que impone la reserva sumarial, este despacho ordenó remitir copias a la Fiscalía General de la Nación de esta decisión junto con la declaración del capitán Anyelo Palacios Montero y un video, el cual no solo sería una de las pruebas de la supuesta red de prostitución masculina denominada periodísticamente “La Comunidad del Anillo”, sino que también involucraría a ciertos miembros del Congreso de la República, en complicidad con algunos oficiales de la Policía Nacional.” (Destaco)

No obstante, el mismo comunicado indicó que la decisión disciplinaria que dio apertura a la investigación formal “se dejaron claras las razones por las cuales este organismo de control se abstuvo de iniciar una actuación disciplinaria por los hechos relacionados con el video, en la medida en que los eventos informados por el capitán Palacios Montero, en lo que respecta al Congreso de la República, habrían ocurrido entre los años 2004 y 2008.”.

Con la experticia que dejan los años relacionados en temas del daño causado por el Estado a particulares, sería posible deducir que la situación fáctica que ocurrió el martes pasado se produjo porque el Procurador General de la Nación al leer el comunicado en comentario propició que la ex directora de noticias RCN Vicky Dávila, decidiera publicar el vídeo que circuló en cadena nacional todo el día, en radio, en prensa, en revistas y en redes sociales.

Es evidente, pues no existiría otra explicación para que el mismo día ocurrieran  las dos eventualidades, el comunicado tiene hora de publicación en el portal 6:46 de la mañana, siendo concomitante con el escándalo que horas después se desató en todo el país.

Es inaceptable jurídicamente la valoración jurídica que de la prueba hizo la Procuraduría, pues como lo han dicho eminentes juristas a nivel nacional, su contenido no prueba los supuestos de hechos que pretenden demostrar. De forma tal, que sí además el Ministerio Público indicó que por los hechos no iniciaría investigación porque está prescrita (que por demás la conducta no está tipificada en código disciplinario ni penal), para el suscrito es evidente que cuando la Fiscalía General de la Nación se pronuncie (aunque no habría que esperar pues el daño se causó) sobre el particular y llegado el caso absuelva del presunto delito al denunciado, sería procedente una demanda de reparación directa por el daño material y moral que se causó.

El Estado tiene como finalidad proteger la vida, honra y bienes de sus habitantes. En este caso no me queda la menor duda que se violentó la honra de quien tiene derecho a su intimidad, la que fue arrebatada por una entidad pública sin necesidad, justificación ni sustento, pues sí el vídeo en realidad no constituye prueba reina y además la conducta estaba prescrita para el derecho disciplinario, cuál era la necesidad del Procurador de darle tal relevancia en su comunicado público y con mayor razón si el vídeo ya reposa en la Fiscalía General de la Nación?

Cada vez se develan más las intenciones políticas en cada uno de los pronunciamientos del Procurador, quien ya tiene comunidades en redes sociales animando a su candidatura presidencial. Sin embargo, la institucionalidad que pide también la afecta y en este caso causó un daño antijurídico como técnicamente se denomina, que su afectado y su familia no estaban en capacidad de soportar y que eventualmente se tendrá que indemnizar. 

ÁLVARO PARÍS BARÓN

Abogado especialista en derecho administrativo.

alvaroparis74@yahoo.com

@ParisAlvaro (twitter)

http://www.alvaroparis.blogspot.com/

Fusagasugá.

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