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Revocada sentencia que pretendía frenar la función de control urbanístico en Fusagasugá.

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Por: Alejandro

Mediante sentencia del 12 de mayo de 2016 la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dispuso revocar la sentencia del 21 de octubre de 2014 que dictó el Juzgado Tercero Administrativo de Girardot, que ordenó anular la decisión de la Secretaría de Gobierno dentro del control urbanístico que tiene asignado.

 

Opinión.

Por: Álvaro París Barón.

En efecto, la Secretaría de Gobierno Municipal al adelantar una querella urbanística que interpuso una ciudadana desde año 2010, luego de cumplir con el debido proceso, dispuso la demolición interna de unas paredes de una vivienda ubicada en la Barrio Pekín, por cuanto no contó con la licencia respectiva para la construcción de los muros divisorio entre dos unidades de vivienda con lo cual se fraccionó la propiedad en dos.

Dentro del proceso administrativo, la entidad territorial en cumplimiento de la ley, concedió la oportunidad al querellado de modificar su obra para dejarla como se encontraba antes de su inicio, es decir, para dejar las cosas en su estado anterior. Sin embargo, el querellado guardó silencio por lo que la Secretaría de Gobierno continuó con la investigación y lo sancionó con la demolición parcial.

La primera instancia consideró entre otros argumentos que era improcedente la sanción de demolición por cuanto estaba prescrita la posibilidad de sanción, esto es, restringido el castigo administrativo de la actuación de los particulares y porque erróneamente creyó que la orden se dio para la demolición total del inmueble.

El otrora apoderado del municipio de Fusagasugá consideró en el recurso de apelación que la querella se orientó a que se ordene una demolición de obra, respecto a un muro interno en bloque que el señor xxxxxx, sin ninguna licencia construyó fraccionando el inmueble… así como también  construyó internamente sobre lo largo del inmueble un muro en bloque, separándolo así del local comercial en donde funciona actualmente una panadería y que hace parte del inmueble, y al fondo construyó una placa, que no permite el acceso al segundo piso, sin autorización o licencia para construir.

Se explicó en el recurso de alzada que no es posible demoler todo el inmueble pues la suspensión de obra fue por las construcciones del segundo y tercer piso; la construcción interna sobre lo largo del inmueble de un muro en bloque, separándolo así del local comercial en donde funciona actualmente una panadería y una placa, que no permite el acceso al segundo piso. Luego la orden de demolición es de las obras en precedencia, no de la totalidad del inmueble como lo entendió la sentencia apelada.

Para la entidad territorial, la hermenéutica jurídica y la sana critica al momento de analizar el material probatorio de este caso no fue proporcional a la verdad probada para acceder a las pretensiones de la demanda, situación que fue acogida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así como el argumento de la caducidad del medio de control judicial, habida consideración que, la Resolución que declaró infractor urbanístico al actor debió ser atacada en su oportunidad encontrándose probado el fenómeno de la caducidad.

ÁLVARO PARÍS BARÓN

Abogado especialista en derecho administrativo, constitucional y disciplinario.

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